En el 49º aniversario del golpe de Estado de 1976, el gobierno de Javier Milei anunció que ordena la desclasificación total de toda la información y documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas entre 1976-1983.
También incluye documentos producidos fuera de ese período, siempre que estén vinculados con el accionar militar.

El vocero presidencial explicó que los archivos que actualmente están en manos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) pasarán a estar bajo la custodia del Archivo General de la Nación, para que sean accesibles al público y sirvan para la memoria histórica.

Se mencionó que esta medida cumple con el Decreto 4/2010, emitido bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el cual ya ordenaba esa desclasificación pero que “nunca fue implementado completamente”. El gobierno justificó la medida diciendo que esos documentos no deben estar en la opacidad ni al servicio de intereses políticos, sino al servicio de la memoria y de la verdad.
Sin embargo, la iniciativa suscitó críticas. Organismos de derechos humanos y opositores advierten que puede implicar una relativización del terrorismo de Estado, especialmente por el tono con que el gobierno habla de “memoria completa”, que incluye la violencia de grupos guerrilleros previos al golpe.

También se señalaba que muchas partes de esos archivos ya habían sido abiertas o eran accesibles judicialmente bajo gestiones anteriores, por lo que dudan del alcance real de lo que se ha mantenido oculto hasta ahora.